Los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional procesados por violación de los derechos humanos en el ejercicio de sus funciones que sean sentenciados por habérseles comprobado su responsabilidad penal estarán obligados a reintegrar los gastos que realizó el Estado al asumir su defensa legal.Así lo establece el Decreto Supremo 022-2008-DE/SG, publicado ayer en el diario oficial "El Peruano", que también indica que para garantizar tal pago los ministerios de Defensa y del Interior efectuarán los descuentos por planilla, o de la pensión de la que goce el efectivo sentenciado, hasta por un monto del 30% mensual hasta completar el importe total.Para el general PNP ® Eduardo Pérez Rocha se trata de una medida acertada. "La institución tiene la obligación de defender a sus miembros que no tienen responsabilidad, pero no a los violadores de los derechos humanos. Si se demuestra que algún efectivo es culpable, es lógico que le hagan pagar los gastos que demandó su defensa legal", dijo.