En los últimos días se incrementa la terrible sensación de que el país está siendo literalmente extorsionado por un sistema de ilegal interceptación telefónica y de las comunicaciones privadas a manos de algún titiritero anónimo. Y eso, aunque sea ya redundante decirlo, no hace más que minar progresivamente la estabilidad democrática y la gobernabilidad.La cuestión es particularmente grave porque la extorsión y el escándalo involucran, día tras día, a diversas personalidades políticas, autoridades y a los propios medios de comunicación. Y es que, si bien resulta imposible que la prensa no publique el contenido de audios, correos, videos, etc. ilegalmente obtenidos, eso no significa que se deba aceptar un sistema criminal de seudomoralización dirigido por intereses imprecisos, que pueden ir desde los mercantiles e industriales, hasta el chantaje político, la venganza personal y la delincuencia más rastrera. El fin nunca justifica los medios, y menos en estos casos. Peor aun, nadie puede garantizar que en este mercado negro de la interceptación no participen servicios de inteligencia nacionales y extranjeros, o que incluso operen rezagos de la mafia montesinista que tanto daño hizo al Perú en la década pasada.Por todo ello es correcto que la fiscal de la Nación, doctora Gladys Echaíz, haya tomado la decisión de que el Ministerio Público empiece una investigación exhaustiva, a través de la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada.Tal como señalamos en diversas oportunidades, ese esfuerzo esclarecedor demoró demasiado en iniciarse, porque ante las evidencias del llamado "Petrogate" la autoridad fiscal debió comenzar sus indagaciones de oficio. Hoy, por supuesto, lo que se espera es que, a diferencia de lo ocurrido en oportunidades anteriores, se llegue a conclusiones convincentes y, mejor todavía, que se logre identificar a los interceptadores.En el Perú, por desgracia, hasta hoy se ha tendido a echar velos sobre este tipo de actos de violación del derecho constitucional a la inviolabilidad de las comunicaciones. Desde época del fujimorato inclusive en el Congreso se creaban comisiones investigadoras que, al margen de la altisonancia inicial, inevitablemente terminaban disolviéndose sin dejar mayor huella.Hasta ahora, por ejemplo, están pendientes de aclaración algunos casos de "chuponeo" que afectaron a personalidades de la prensa nacional. Igualmente nunca se aclaró la denuncia del ex jefe del Gabinete Jorge del Castillo sobre seguimientos y espionaje en contra de uno de sus hijos y tampoco se ha avanzado en la denuncia formulada por el nuevo ministro del Interior, general Hernani, respecto de la sospechosa postergación del reglamento de las leyes de seguridad privada y telecomunicaciones.La responsabilidad asumida por la fiscalía es, entonces, enorme. A su turno, la comisión especial formada en el Congreso sobre el Caso Quimper-León debe afrontar el reto conducente a establecer la verdad de las cosas.En suma, el Perú exige que por fin se termine de explicar qué está pasando . Al margen de incidentes y anécdotas, lo cierto es --como lo señala nuestro titular-- que la interceptación telefónica afecta severamente la democracia y debe ser erradicada.