La Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada, cuyo coordinador es Mateo Castañeda, inició una megainvestigación para determinar si son agentes civiles vinculados a empresas de seguridad de la información (retirados o no de las Fuerzas Armadas y de la policía) o efectivos en actividad del Ministerio del Interior o de los institutos castrenses los responsables de violar el secreto de las comunicaciones en los casos de "chuponeo" que se han registrado durante los últimos años.Fuentes judiciales informaron que la investigación, que será de largo aliento, podría ser la más grande de su tipo en los últimos siete años, y casi tan amplia como la que se realizó contra el asesor presidencial Vladimiro Montesinos y los agentes del desactivado Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) tras la caída del fujimorismo. El Comercio conoció que dicha fiscalía inició las pesquisas en la más estricta reserva y que, por lo pronto, se solicitará información sobre los casos de interceptación telefónica o delitos conexos que hubieran ingresado a las fiscalías provinciales penales de Lima.