Algo muy grave debe estar pasando en el Perú cuando, sin mediar mayores explicaciones, un grupo amplio de pobladores se lanza a protestar de manera violenta contra la construcción de una central hidroeléctrica, como acaba de ocurrir en Sicuani, Cusco.Allí, alrededor de dos mil personas cercaron a la policía, hirieron a unos 40 miembros de la Policía Nacional y pusieron en grave riesgo a los periodistas que cumplían misión informativa, en un sorprendente e inexplicable rechazo a las obras generadoras de energía en la zona de Salca-Pucara, que deben traer progreso a la zona.Según ha dejado entender el propio presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, hasta el momento no hay una razón precisa para una reacción tan radical frente a una obra que, por lógica, debería beneficiar a los mismos protestantes y a un amplio sector de pobladores de la zona. ¿Fue una expresión de radicalismo ecológico? ¿Fue colofón de un desencuentro con la empresa constructora? ¿O hubo manipulación política de algunos lugareños?Ante la falta de respuestas precisas y lógicas, lo único que puede colegirse es que se trató de una muchedumbre, es decir de una agitación inexplicable de masas encabezada por ciertos dirigentes que tienen capacidad de manipularlas inescrupulosamente, quién sabe por qué razones, llegando inclusive a enceguecer a la gente a punta de licor, tal como se ha comprobado en este y otros casos similares.Frente a ello la reacción policial ha sido hasta ahora prudente aunque precaria. La represión inicial fue cuidadosa; pero los policías rápidamente se quedaron sin municiones, bombas lacrimógenas y otras herramientas para defenderse, llegando al ridículo de repeler a la muchedumbre solo con las piedras que a ellos les caían.Percances al margen, debe advertirse que este episodio no es aislado, como lo pueden corroborar los informes de diversas instituciones, como la Defensoría del Pueblo.Desde hace mucho las protestas sociales se están desbordando violentamente. Eso no es casual, porque si bien es constitucional el derecho a protestar y manifestarse, nada justifica, bajo ninguna circunstancia, la toma de carreteras, el boicot de las instalaciones públicas y hasta la toma de todo un pueblo, con métodos violentos, como se ha hecho en Sicuani.Con frecuencia se detecta la mano negra de organizaciones fantasmas como ciertos frentes regionales y zonales, que emergen de un momento a otro, protagonizan disturbios sin que se pueda identificar a los cabecillas y luego desaparecen sin casi dejar huella.En este contexto le compete a la autoridad nacional y a las autoridades regionales, municipales y locales prever y despotenciar los conflictos sociales en curso a través de la instancia que junto a la Defensoría del Pueblo propugnamos a manera de las mesas de diálogo.Toca también a las empresas que actualmente desarrollan proyectos de alto impacto social asumir una actitud de responsabilidad social y conciliadora antes de iniciar sus proyectos. Y la Policía Nacional, llegado el momento, debe garantizar la seguridad y la vigencia del Estado constitucional de derecho con eficiencia y la energía suficiente, de modo que no se afecte la vida económica del país ni el derecho de ciudadanos inocentes, que no tienen por qué ser afectados por las protestas y desmanes de otros. (Edición domingo).
- [El Comercio,Pág. A 4] /