Un tercio de los 177 conflictos sociales activos que registró la Defensoría del Pueblo en setiembre involucra a una empresa. Es una estadística que plantea muchas preguntas: ¿Están las empresas haciendo las cosas mal? ¿Está la población exigiendo demasiado? El análisis de las cifras puede llevar a algunas conclusiones.En primer lugar, en el 81% de los casos en los que una empresa es parte, esta es una empresa minera. Luego, si se desagregan los conflictos con empresas mineras, según tamaño de la empresa, se tiene que en un 42% de los casos la empresa es grande, 37% son medianas empresas y en un 14% la disputa es con mineros artesanales. Entonces, la reducción de conflictos en el país pasará por cambios en las empresas mineras, especialmente las grandes y medianas.Por otro lado, ¿qué lleva a la población a confrontarse con la empresa? La primera causa (21 casos entre los conflictos activos a setiembre) es el temor a posibles daños ambientales. Volver a ganarse la confianza de la población es una tarea más que importante que tienen las empresas. "Las actividades empresariales, sobre todo las extractivas, deben realizarse desde el inicio de una manera transparente, participativa e inclusiva. La relación entre empresas y comunidades no debe ser de desconfianza", reflexiona Rolando Luque, jefe de la Unidad de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo: "Es natural que las comunidades tengan expectativas respecto de los beneficios que puede traer la empresa y esta debe cuidar que esa relación no se eche a perder por afectaciones al ambiente, falta de comprensión del entorno histórico y cultural o exclusión de las comunidades de las oportunidades de empleo o capacitación".