Apenas estalló el escándalo, lo dijimos. Una de las lecciones del affaire Quimper-León Alegría ha sido, sin lugar a dudas, la falta de transparencia con que funcionan los lobbies en nuestro país.Y es que si bien desde el 2003 existe una ley que regula la gestión de intereses en la administración pública o lobby (Ley 28024), en la práctica esta no se cumple adecuadamente. Lo peor es que eso ha dado lugar a una tierra de nadie, donde prevalecen prácticas solapadas y delitos que, como se ha visto, desembocan en tráfico de influencias y actos de corrupción.En sí mismo, como señalan los estudiosos del lobby, este mecanismo puede ser una forma útil, viable y rápida para influir, organizar y defender posiciones e intereses, de tipo empresarial o de política pública, ante quienes ostentan el poder o tienen en sus manos la toma de decisiones. El objetivo del lobby, y de los lobbistas que lo practican, no es, pues, intrínsecamente turbio ni debe ser mal visto. Todo lo contrario: puede constituirse en instancia valiosa que coadyuve al desarrollo de instituciones, empresas públicas y privadas, así como del propio aparato estatal.Además, en un país como el nuestro, donde la presencia del Estado ha sido sustituida en algunos ámbitos por entidades de la sociedad civil, el lobbismo podría contribuir a explicar y orientar a grupos o instituciones sobre la utilidad de las principales políticas públicas y las decisiones gubernamentales.