Finalmente, el presidente Alan García decidió afrontar radicalmente la más seria crisis política de su Gobierno y aceptó la renuncia del Gabinete Ministerial que presidió Jorge del Castillo desde el inicio de la segunda administración aprista.Es una decisión dura pero razonable, y no solo ante el negativo prospecto de enfrentar una censura ministerial en el Congreso, sino también porque así se espera despejar el enrarecido clima de incertidumbre y especulaciones.Bajo la misma tónica, el presidente García debe proceder a nombrar prontamente a un nuevo jefe del Gabinete y mantener en sus cargos a algunos ministros que han realizado una destacada como meritoria labor.Las circunstancias en que se produce la salida de Jorge del Castillo son realmente lamentables y no están de acuerdo con su eficiente gestión al frente de un equipo en el que destacan técnicos y profesionales independientes, que sostuvieron con firmeza un plan de crecimiento económico, atracción de inversiones, creación de empleo y lucha contra la pobreza. Igualmente hay que reconocer su capacidad de convocatoria y de buscar consensos políticos, lo que ha sido crucial para que este segundo gobierno aprista mantenga la confianza de los inversionistas y de los ciudadanos.Lo que Del Castillo ha hecho, con dignidad, es asumir la responsabilidad política que le corresponde, lo que es muy distinto de atribuirle responsabilidad operativa o penal en el escándalo de corrupción en torno a la concesión de lotes petroleros. El Poder Judicial y la Fiscalía, y a su turno el Congreso con las comisiones investigadoras, tienen que deslindar responsabilidad es y sancionar a los culpables.Pero, en lo que corresponde al Poder Ejecutivo, el problema no ha terminado. La formación del nuevo Gabinete no puede ser interferida por presiones clientelistas del partido aprista, que debe entender que el Estado está para servir a los ciudadanos y no para servirse de él, y que lo que debe primar es el mérito técnico, la personalidad y la trayectoria ética de los candidatos a ministros en esta delicada coyuntura.Efectivamente, el nuevo Gabinete tiene ante sí la grave tarea de recuperar la estabilidad política y la confianza ciudadana, mermada por el escándalo de corrupción, lo que le exige tomar medidas efectivas --que no queden en simples anuncios como la creación de la Oficina Nacional Anticorrupción--para desterrar los esquemas de corrupción en el aparato estatal. Siguen pendientes, al respecto, la creación de Perú-Compras, que se encargaría de centralizar y licitar con transparencia las compras de todos los estamentos públicos. Asimismo, el nuevo Gabinete tiene que subrayar la obligación de todas las entidades públicas de actualizar diariamente sus portales web, de modo que todos los ciudadanos sepan, como es su derecho, el modo en que se usan los recursos del Estado. Mantener la estabilidad económica y la confianza de los inversionistas es otro reto, mucho más difícil ante la histórica crisis financiera mundial, que vaticina recesión en todo el orbe, en un efecto dominó con consecuencias de pronóstico reservado. En este entorno, el Perú sigue siendo visto aún como un país en buena posición para enfrentar esta crisis, lo que debe ser comprendido por el Gobierno, pero también por la oposición política.Es hora de deponer radicalismos e intolerancia. Aceptada la renuncia de Del Castillo, el presidente García tiene que nombrar un Gabinete técnico que inspire respeto y confianza, para, a partir de allí, tender puentes con todas las fuerzas democráticas, empresariales, gremiales y sociales para reducir las fricciones y trabajar consensuadamente para sacar adelante a la nación.(Edición sábado).
- [El Comercio,Pág. A 4] /