En un contexto de preocupante agitación social, en que algunas empresas mineras han estado en el centro de la polémica, hay que destacar el caso de Tintaya.Allí, a través de la instalación de mesas de diálogo, se ha logrado que comunidades campesinas, ONG y el gobierno local concreten acuerdos en ámbitos delicados como la fiscalización medioambiental.Se trata de un ejemplo que podría ser imitado por otras empresas mineras que han tenido conflictos con la población. Aparte de crear canales fluidos de diálogo, Tintaya ha decidido destinar el 3% de sus utilidades antes de impuestos a la provincia cusqueña donde se ubica el asentamiento cuprífero. Así, Espinar recibió el año pasado un millón y medio de dólares, que van a un fondo administrado por un consejo integrado por representantes de la población local y se orienta al desarrollo de la zona.Es evidente que la relación entre las mineras y las comunidades atraviesa una etapa crítica, que ha dado lugar a enfrentamientos violentos, a veces azuzados peligrosamente por politiqueros y seudoambientalistas. Por lo mismo, saludamos la reacción de los directivos de Tintaya, que con sentido realista y autocrítico, se comprometen con la comunidad de modo directo. Cuando la paz social está de por medio, es de esperar que, del lado del Gobierno, se reconozcan e incentiven estas iniciativas a través de medidas tributarias o de otro tipo.