Entre otros hallazgos, el affaire Quimper-León Alegría también ha puesto en evidencia que la interceptación telefónica, ilegal y subrepticia, sigue siendo una transgresión constitucional y penal que no ha sido desterrada.Lejos de eso, esta práctica delictiva parece haberse perfeccionado y extendido, a manos de un grupo de inescrupulosos que continúa invadiendo las comunicaciones privadas de personajes públicos, para repetir los métodos que el fujimontesinismo impuso como práctica habitual durante aquel dictatorial gobierno. Esta vil intromisión no puede tolerarse y tiene que ser erradicada de una vez por todas. De lo contrario, los facinerosos que se esconden tras el delito de la interferencia telefónica, que nuestro Código Penal sanciona en el artículo 162, seguirán pisoteando indiscriminadamente libertades individuales que son fundamentales, como los derechos a la intimidad y al secreto a las comunicaciones.Hay que investigar, esta vez de manera definitiva, quién se esconde tras el vedado "chuponeo" telefónico. ¿Son agentes estatales o particulares, mafias organizadas para la escucha de las comunicaciones o, tal vez, la forma de vida que han encontrado ciertos extorsionadores para ganar dinero fácil a costa de la tranquilidad de terceros?El hilo de la madeja tal vez podría hallarse en la denuncia que consta en la Comisión de Inteligencia del Congreso, sobre la filtración de información clasificada de la Marina de Guerra hacia algunas empresas privadas. Después de eso, además, se han producido casos de periodistas cuyas conversaciones telefónicas fueron interceptadas.Como ha expresado monseñor Juan Luis Cipriani, tan grave como la corrupción es la grabación ilegal de las conversaciones privadas. Dos prácticas y dos delitos que atentan contra la libertad y que resultan inadmisibles en un Estado de derecho.En consecuencia, se trata de un problema muy serio cuya gravedad no debe ni puede soslayarse.Por eso llama la atención que algunas personas hayan restado importancia a este delito, cuando lo deseable es que, al respecto, existe una total transparencia, fundamental para reforzar la democracia en el país, máxime cuando el chuponeo se extiende incluso a las nuevas tecnologías de las comunicaciones, como sucede con Internet.