Es innegable la gravedad de la situación política de-sencadenada por el escándalo de corrupción en la concesión de lotes petroleros. Y, ante ello, es deber del Gobierno y de los poderes públicos asumir su responsabilidad y poner los medios para superar el momento crítico, antes de que se siga afectando aun más la estabilidad política e institucional del país, en momentos en que el mundo es remecido por la crisis financiera de Wall Street.Luego del mensaje al país del jefe del Gabinete, Jorge del Castillo, es evidente que la ciudadanía espera un pronunciamiento del presidente de la República, Alan García. Y no solo sobre la permanencia o no del Gabinete, sino también sobre las medidas que se están tomando para prevenir y castigar la corrupción estatal, y, desde una perspectiva más amplia, para restaurar la confianza en la gestión gubernamental.En tanto, el Congreso no puede eludir su propia responsabilidad en las repercusiones y el sobredimensionamiento de la crisis, para lo cual debe volver a ser el foro de debate, reflexión y fiscalización que le exige la Constitución. Es decir, los parlamentarios tienen que dejar de lado el apasionamiento político y sus cálculos electoreros para evaluar lo sucedido, hacer la debida autocrítica y actuar ponderadamente, dentro del sistema de equilibrio de poderes.Efectivamente, los escabrosos detalles del escándalo encendieron aun más el nivel de las reacciones, a veces sin pensar en las consecuencias de las mismas. Del pedido de renuncia del Gabinete se pasó a iniciativas de interpelación y eventual censura, y luego a la del pedido de censura a rajatabla, lo que parece ciertamente un exceso. La irrupción del Gabinete en el hemiciclo fue sorpresiva y hasta impositiva, pero podría entenderse como una sobrerreacción ante la radical conducta de algunos sectores parlamentarios, que parecen tomar esta crisis simplemente como una oportunidad de revanchismo y ganancia politiquera.Ante esto, tenemos que subrayar la necesaria diferenciación que debe hacerse entre las responsabilidades operativas, delincuenciales y penales de los principales involucrados, en lo que el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen un papel preponderante; y la responsabilidad política que pueden y deben asumir las autoridades del Ejecutivo al más alto nivel, sobre todo a la hora de rendir cuentas ante el Congreso.Todo esto tiene sus vías y procedimientos constitucionales y reglamentarios que no pueden saltarse a la garrocha. Si se va a hacer una cuestión de confianza o de censura del Gabinete, pues es absolutamente necesario, por equidad, transparencia y hasta atendiendo a los principios básicos del debido proceso, tiene que escucharse en el pleno las explicaciones de Del Castillo y sus ministros sobre los aspectos que preocupan al Congreso y al país.Así, cualquier eventual pedido de censura debe ser precedido por una sesión de interpelación. Según la Carta Magna, "Es obligatoria la concurrencia del Consejo de Ministros, o de cualquiera de los ministros, cuando el Congreso los llama para interpelarlos. La interpelación se formula por escrito" (art. 131); y corresponde al Congreso hacer "efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros, o de los ministros por separado, mediante el voto de censura o el rechazo de la cuestión de confianza" (art. 132).El presidente García ha expresado su repudio a los hechos de corrupción y ha pedido la colaboración de todos los partidos para erradicarla y sacar adelante al país, que sigue siendo visto como un destino privilegiado de las inversiones. En tan delicada y grave coyuntura, el Congreso no puede ser ajeno a esos objetivos nacionales de desarrollo y mayor inclusión, y, en aras de la estabilidad y la gobernabilidad democrática, tiene que ponerse a la altura de las circunstancias para escuchar al Gabinete y tomar objetivamente la decisión política que corresponda.