Un país en vías de desarrollo como el Perú, en el cual los canales de distribución de la riqueza sufren de una grave precariedad y de una débil institucionalidad, debe buscar medios para combatir la pobreza. Por eso, cuando el crecimiento económico no genera empleo suficiente ni externalidades favorables en el desarrollo de los más pobres, la actividad estatal necesariamente debe hacerse presente.En ese sentido, coincido con muchos analistas en la necesidad de tener una política social más activa y más eficiente en la lucha contra la pobreza. No obstante, la connotación política de estos temas es muy fuerte puesto que si el 54.5% es pobre y por lo menos el 50% de ellos es un potencial votante, la correlación "ayuda social-voto" es inevitable.Es conveniente indicar que el Plan ProPerú consiste en las transferencias de efectivo hacia los más pobres, dicha condicionalidad se basa en la participación de la familia en el proceso de acumulación de capital humano de los menores. Las familias que recibirían este concepto podrían ser aquellas que: 1) incluyan una mujer gestante, 2) tengan un niño menor de cinco años y 3) se encuentren con una persona con tuberculosis. Asimismo, se conoce que este programa costará alrededor de US$ 200 millones y US$ 250 millones. Es evidente la improvisación en el manejo de los programas sociales, pues ProPerú no estaba incluido en el Presupuesto de la República. En lo referente a las fuentes de financiamiento, no fueron insertadas en el MEF, Minsa y Mimdes ante el Congreso.De acuerdo con referencias internacionales y cierta experiencia que otros países han tenido, la aplicación de subsidios directos tiene un mayor efecto en la capacidad adquisitiva de la familia objetivo, sin embargo dada la temporalidad de este medio de ayuda, sólo serviría para mejorar transitoriamente las cifras de la pobreza, mas no para una ayuda de largo plazo. Por esta razón, para lograr la sostenibilidad de dicho programa debe aún realizarse algunas precisiones de carácter financiero, administrativo y de planeamiento.En el aspecto administrativo, de acuerdo a lo postulado por algunos analistas, aún no queda claro: 1) quién se encargará del diseño y la estrategia de identificación de beneficiarios, 2) quién va a generar el padrón de beneficiarios, 3) quién se encargará de monitorear la entrega y uso del dinero, y el cumplimiento de las condiciones impuestas por ProPerú y 4) quién evaluará el impacto en los beneficiarios.Durante muchos años la clase política ha utilizado la pobreza como un medio para lograr el cargo público, algunos parecen mantener la vocación de ayudar (si alguna vez la tuvieron). Es evidente que el Poder Ejecutivo tiene un conjunto de militantes, colaboradores y simpatizantes, será pues el Congreso por intermedio del Poder Judicial quien debe fiscalizarlos.En este sentido, debemos fomentar una oposición que fiscalice de manera permanente y con el debido sustento técnico para no permitir la presentación de políticas sociales improvisadas que no tienen nombre ni financiamiento, señala Javier Zuñiga Quevedo, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Lima.
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