Más allá del efecto económico que pueda causar la adulteración de gasolina, para Herly Llerena, presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios (ACYU), es importante que Osinerg determine si el uso de solventes es nocivo para la salud (del conductor y del resto de la población), y de comprobarse esto las sanciones y prohibiciones deberán ser mucho más estrictas.Hay que señalar que la adulteración de combustibles no es solo perjudicial para la salud, sino también para el motor de los vehículos.Asimismo, manifestó que las fluctuaciones de precios de los combustibles son un problema ya que los consumidores no tienen información precisa de los precios. Insistió en establecer costos de referencia para detectar fácilmente los grifos que venden combustibles adulterados a un precio por debajo del nivel.Además, dijo que a Indecopi también le corresponde investigar este asunto, ya que se trata de un delito económico. Dicha institución debe pedir una copia del informe a Osinerg, analizarla e ir al Ministerio Público para formalizar la denuncia por este delito.
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