Hay que saludar, como una cuestión de orden, el acuerdo de la Comisión de Constitución del Congreso para que, a partir de ahora, sea el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la entidad encargada de presentar iniciativas legislativas electorales, incluso las que provengan de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).De lo que se trata, finalmente, es de devolver sentido y coherencia al accionar del sistema electoral, donde son evidentes las fricciones y desencuentros entre sus principales organismos, el JNE y la ONPE, por ganar protagonismo.Es cierto que, junto con el Reniec, tienen la misma categoría y nivel de autonomía, pero también que la Carta Magna asigna al JNE una mayor responsabilidad para representar a todo el sistema y tomar la iniciativa en la formación de leyes, como una especie de primus interpares.Así, la ONPE (y también el Reniec), con todo su cuerpo técnico, puede seguir presentando proyectos, como lo ha hecho con relativo éxito, pero ahora deberá canalizarlos a través del JNE. Lo ideal, en todo caso, sería que, también como manda la Constitución, ambos organismos coordinen de una manera más cercana para ejercer sus atribuciones y evitar interferencias y duplicación de esfuerzos, lo que además de dañar su imagen hace flaco favor al sistema democrático. Todo ello es mucho más exigible en momentos en que sigue el debate de la reforma del sistema electoral y de la democratización interna de los partidos, lo que es sumamente importante para consolidar el sistema político y la gobernabilidad.El voto facultativo, la renovación por tercios o mitades, el derecho de revocatoria y la propia modernización de los partidos son materias decisivas que demandan el concurso de los expertos y de las principales entidades involucradas, como las del sistema electoral.