A pesar de ciertas señales de reivindicación que se dieron en las últimas semanas con la nueva junta directiva, finalmente los congresistas han demostrado que, antes que el interés nacional, lo que más les importa es conservar sus gollerías y jalar agua para sus molinos partidarios.Así, no solo se ha salvado del desafuero a la parlamentaria Margarita Sucari, sin sopesar la gravedad de las evidencias, sino que casi se frustra la votación para poner a disposición del Poder Judicial a José Anaya. Y, en el mismo día, como si eso fuera poco, se procedió a desempolvar el reglamento para seguir sacándole la vuelta al país en el asunto de los gastos operativos, en una contramarcha escandalosa y vergonzosa.Ahora han acordado que rendirán cuentas solo por el 30% de sus gastos operativos y no por el 90%, como se había acordado en la legislatura que presidió Mercedes Cabanillas. El otoronguismo se resiste, pues, a morir. En el fondo, los congresistas no quieren entender que no trata de una cuestión de más o menos porcentaje, sino de una actitud de básica decencia y transparencia, acorde con la delegación de poder y con la confianza que les han dado los electores, ante los que deben rendir cuentas de sus actos y del uso que dan a los recursos de los contribuyentes.Mal de muchos no puede ser consuelo de tontos ni de vivos. Argumentar que el resto de la administración pública solo rinde cuentas por el 10% de los gastos operativos es una defensa tan absurda como pobre e indigna. En lugar de escudarse en esa norma irregular, lo que debieran hacer es promover su modificación, pues el ordenamiento constitucional demanda transparencia y responsabilidad en el uso de los fondos públicos y debe regir sin excepción para todos los funcionarios públicos.En tanto, mientras se avanza en eso, como señalan los expertos, tiene que buscarse salidas lógicas y prontas al escándalo de los gastos operativos, ya sea eliminándolos, agregando parte de ellos al sueldo y tributar por todo ello, o encargando a la administración del Congreso su organización y manejo diario. El presidente del Parlamento, Luis Velásquez Quesquén, tiene que evaluar e insistir en estas iniciativas para evitar que este poder del Estado siga hundiéndose más en el desprestigio y arrastrando con ello la gobernabilidad y la institucionalidad democrática.(Edición sábado).