Uno de los principios básicos de la democracia es el que establece que la ley es igual para todos. Pero en el Perú, ocurre lo contrario cuando se trata de la legislación laboral, pues mientras que a las empresas privadas se les exige otorgar a sus trabajadores beneficios como seguro social, pensiones o vacaciones, el Estado, como empleador, permanece omiso a esa obligación con los 81 mil empleados que laboran bajo el régimen servicios no personales (SNP). Lo curioso de este régimen es que quienes sirven al Estado bajo tal modalidad desempeñan funciones que, en la mayoría de los casos, corresponden a las de cualquier empleado que figura en la planilla. Fue por ese motivo que el anunciado régimen especial de contratación administrativa de servicios fue creado: eliminar la inconsistencia y la disparidad en el trato laboral existente en las entidades estatales. Era "un acto de estricta justicia", como en su momento aseguró el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Mario Pasco.Lo curioso fue que esta normatividad fue creada como parte del paquete de leyes del TLC con Estados Unidos, lo cual evidenciaría que hubo cierto apuro por cumplir los plazos para emitirlas y que el Ejecutivo no evaluó con detenimiento las consecuencias que en materia presupuestal acarrearía su implementación (S/. 120 millones). Pero el tratamiento inequitativo de la legislación laboral para el sector privado y el sector público no termina aquí: se ha precisado que el MTPE no atenderá las denuncias presentadas por empleados del Estado contratados bajo el SNP; y también se ha decretado que la Ley de Tercerización no será aplicable a las operaciones que, bajo este mecanismo, realice el Estado.Ciertamente estas "exoneraciones" desnaturalizan la ley y, lo que es peor, levantan dudas acerca de la seriedad con que el Gobierno está asumiendo la reforma de su administración. Además, se está desincentivando el interés que podrían tener profesionales calificados por trabajar en el Estado. Si el principal temor para poner en vigencia las nuevas normas laborales es de tipo presupuestal, lo más recomendable hubiera sido aplazar su aplicación, pero haber dado marcha atrás es un mensaje contraproducente y nada serio.