Acostumbrados como están muchos de ellos a saltarse con garrocha las más elementales normas éticas y hasta legales, llamó poderosamente la atención que más de un congresista apelara al argumento de que "hay que cumplir con la ley" para justificar su desafortunada decisión de cambiar a su conveniencia las reglas de juego en lo que respecta a la rendición de cuentas de los gastos operativos.Aunque con matices, representantes de las distintas tiendas políticas cerraron filas en torno al acuerdo de la Mesa Directiva de dejar sin efecto la norma, aprobada en 2006 -bajo la presidencia de Mercedes Cabanillas-, que los obligaba a justificar con recibos y facturas el 90% de los S/.7,617.20 mensuales que reciben por gastos operativos. En esa línea, defendieron la aplicación del artículo 22º del Reglamento Interno, que baja esta valla a apenas el 30% y les deja a "libre disponibilidad’ el 70% de la partida, lo que, en la práctica, constituye un aumento encubierto de sus ingresos.