No puede haber marcha atrás en el proceso de reivindicación ética del Congreso de la República, que demanda un corte radical con la subcultura del otoronguismo.Así, luego de que la Comisión Permanente aprobase los informes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, corresponde hoy al pleno proceder a la votación correspondiente para desaforar a los congresistas José Anaya y Margarita Sucari, de Unión por el Perú.Dicha sesión tiene que ser pública y abierta, pues no se trata de ninguna materia que ataña a la seguridad nacional, precisamente para evitar las componendas que podría originar el voto secreto. Aquí no caben el falso espíritu de cuerpo ni cálculos ni negociados politiqueros para decidir la suerte de parlamentarios que, de acuerdo con las consistentes evidencias, traicionaron vergonzosamente su juramento y su compromiso con los electores.La Comisión de Ética ya se pronunció previamente por la suspensión. Pero eso no es suficiente, dada la gravedad y naturaleza delictiva de los actos cometidos, que reclaman la participación del Ministerio Público y el Poder Judicial. Los delitos por los que se los acusa son ciertamente serios: concusión y falsedad genérica, en un caso, y contra la administración de justicia y la fe pública, en el otro.La nueva Mesa Directiva, que encabeza Javier Velásquez Quesquén, no puede ni debe cejar en su empeño de reconciliar al Congreso con la ciudadanía, que demanda mayoritariamente (60%) el desafuero de Anaya y Sucari, según la última encuesta de El Comercio, aplicada por Ipsos Apoyo. Más aun, es revelador que el 73% de la población añada que se debe suprimir la inmunidad parlamentaria a los congresistas enjuiciados sin la aprobación previa del Congreso, como sucede hasta ahora. Los parlamentarios deben entender que la lucha contra la impunidad es condición indispensable para que el Congreso recupere el prestigio institucional así como la autoridad moral y la legitimidad necesarias para cumplir su cometido básico de elaborar leyes y fiscalizar a los otros poderes.