La derogación de los decretos 1015 y 1073 no es suficiente para la protección de las áreas forestales y de las tierras de las comunidades campesinas e indígenas. Así lo considera AIDESEP , organización indígena que agrupa un 60% de los pueblos amazónicos, así como las organizaciones que participaron el fin de semana anterior en la 3ª Cumbre Amazónica. La columna vertebral de su protesta es ahora la derogación de decretos como el 1090 y el 1064."Con estos decretos, los bosques primarios ya no gozan de protección y quedan a disposición de cualquier gran empresa extranjera", explica Róger Nájar, presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas, Ambiente y Ecología del Congreso.Además, denunció que permiten la venta de tierras comunales no trabajadas o en descanso, y que dan preferencia a la titulación de empresas extranjeras en Cofopri.