INEVITABLE CONSECUENCIA DEL HARTAZGO
23 de septiembre de 2008

Los escándalos que periódicamente protagonizan los congresistas no solo motivan su apabullante descrédito en la población, sino efectos contrarios. Según la última encuesta nacional de El Comercio, realizada por Ipsos Apoyo S.A., tales escándalos han conseguido elevar de manera abrumadora el índice de aprobación de las reformas constitucionales que este Parlamento se ha negado a aprobar permanentemente, como por ejemplo su renovación por mitades.Queda claro que la ciudadanía ya se cansó de que la representación nacional sea ineficiente y corrupta, y además que no rinda cuentas por ello, como sí sucede con otras autoridades locales o regionales, sujetas a una democrática revocatoria. Así lo demuestra el hecho de que 79% de los encuestados apruebe la renovación de la mitad del Congreso cada dos años y medio, y no cada cinco, como sucede en nuestro país.Como se recordará, la propuesta vino del propio presidente de la Mesa Directiva, Javier Velásquez Quesquén, como justa sanción de parte del elector frente al congresista incompetente, salida que, como vemos, tendría un mayoritario apoyo ciudadano. Lo que corresponde ahora es que este Congreso se aboque con voluntad política a una reforma constitucional que viabilice la renovación; es decir, con el mismo entusiasmo con que se espera aborde a partir de hoy los proyectos de ley que proponen regular la democracia interna en las agrupaciones partidarias.Casos como los de Sucari y Anaya --que ayer recibieron una merecida acusación constitucional-- no deben volver a repetirse porque, entre otras consecuencias, arrastran tras de sí a toda la representación. Prueba de ello es que el 73% de la población concuerda en que, incluso, se debe suprimir la inmunidad parlamentaria a los congresistas enjuiciados sin la aprobación previa del Congreso. Un porcentaje similar piensa que, ante cualquier delito o falta que atente contra la ley y el reglamento del Congreso, se les debe expulsar de manera permanente.El Parlamento debe sopesar estos elementos, más aun cuando la reforma constitucional pendiente involucra otras muchas tareas que siguen durmiendo el sueño de los justos. De no asumir ese reto, lo más probable es que su descrédito aumente o se mantenga, como revela la última encuesta de El Comercio. Si bien el índice de aprobación subió de 9% a 11%, en términos estadísticos significa que sigue siendo el poder del Estado más desacreditado del país.