Antes de que la Comisión Permanente del Congreso aprobara el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que recomienda denunciar al legislador José Anaya Oropeza (UPP) y la parlamentaria Margarita Sucari (UPP) la opinión pública limeña ya había emitido su veredicto. Según la última encuesta de El Comercio, aplicada por Ipsos Apoyo, Opinión y Mercado aplicara en Lima la semana pasada, más del 60% de los encuestados consideran que ambos legisladores deberían ser desaforados y solo el 1% apuesta por la impunidad y considera que los dos congresistas no deberían recibir sanción alguna.