Las 70 procuradurías antico-rrupción descentralizadas de los organismos autónomos, de los sectores ministeriales y las ad hoc que defienden judicialmente los intereses de igual número de instituciones públicas están bajo la lupa. De su eficiencia depende que sean repotenciadas o, de lo contrario, que los abogados que las conducen corran el riesgo de que sus contratos sean cancelados por el Ministerio de Justicia (Minjus). La lupa la ha puesto la ministra del sector y, a su vez, presidenta del Consejo de Defensa Judicial del Estado (CDJE), Rosario Fernández, quien espera que, al igual que dichas procuradurías, las otras 30 que defienden a los gobiernos regionales y locales cumplan con informar antes de fin de año sobre la situación de los procesos judiciales en los que participa el Estado como demandante o demandado.El Comercio conoció el reporte de las 70 procuradurías antes mencionadas, las cuales en total afrontan una carga procesal de 148.065 expedientes a la fecha, algunos de los cuales se remontan al 2001, cuando se crearon las procuradurías anticorrupción. Según el reporte del CDJE, en este número de casos están comprendidas 337.726 personas que están en juicio contra el Estado, ya sea como demandado o demandante por delitos, como corrupción de funcionarios, peculado, abuso de autoridad, concusión y procesos constitucionales.