Un baldazo de agua fría cayó ayer en el Congreso de la República luego de que se escuchara, a través de RPP Noticias, el pronunciamiento del fiscal supremo adjunto Tomás Gálvez Villegas, para quien la suspendida parlamentaria Elsa Canchaya (Unidad Nacional) no cometió ilícito penal en el nombramiento de su empleada doméstica Jacqueline Simon como asesora de su despacho, pese a que no reunía los requisitos para dicha función.Gálvez explicó que, al no consignarse oficialmente los requisitos para el nombramiento de un asesor, una violación a esta norma no configura delito. El magistrado indicó que ello se desprende de la verificación tanto del Reglamento del Congreso como del Reglamento Interno de Trabajo del Poder Legislativo."Nosotros no nos hemos pronunciado indicando que (Canchaya) sea inocente o no tenga responsabilidad. Por el contrario, hemos dicho que es un acto netamente reprochable porque (los contratados) deberían ser asesores, las personas más idóneas con requisitos previstos en la ley. El Reglamento del Congreso no ha establecido requisitos, tampoco el Reglamento Interno de Trabajo. O sea, (Canchaya) podría proponer a quien sea", afirmó.