PENALISTAS SEÑALAN QUE SE TIPIFICÓ MAL CASO CANCHAYA

Penalistas consultados por este Diario coincidieron en señalar que el pleno del Congreso no debió incluir el delito de nombramiento y aceptación ilegal para cargo público en la acusación constitucional contra la desaforada parlamentaria Elsa Canchaya Sánchez (UN).Para el abogado Mario Amoretti, el responsable de esta figura delictiva es el representante del Departamento de Recursos Humanos del Legislativo, que permitió el nombramiento de Jacqueline Simón Vicente como asesora en el despacho de Canchaya. "El único responsable es el que nombra, no el funcionario público que pide, solicita o propone el nombramiento", sostuvo.