Una vez más el Tribunal Constitucional (TC) ha tenido que salir al frente para poner coto a los caprichos sediciosos del presidente regional de Puno, Hernán Fuentes. Esta vez el máximo organismo de control ha declarado inconstitucional la arbitraria ordenanza regional que pretendía declarar patrimonio regional la planta de coca y también zonas tradicionales cocaleras varias cuencas de su región.La argumentación del Tribunal Constitucional es terminante: el tema de la coca y la lucha contra el narcotráfico --que es el marco de fondo-- son competencia del Gobierno nacional que administra el Estado unitario, por lo que ninguna ley otorga competencias a las regiones para declarar patrimonio cultural a la coca.En tal contexto, es destacable el pronunciamiento del TC. Pero dado que es no la primera vez que debe atender demandas tan absurdas como esta, habría que preguntarse cuánto más tiempo y recursos debe dedicar el TC a responderlas en desmedro de otros asuntos realmente trascendentales del país que reclaman su atención prioritaria.Efectivamente, hace pocos días el controvertido Fuentes anunció otra descabellada propuesta: la de convertir Puno en una región federal autónoma, a sabiendas de que ello contraviene el ordenamiento constitucional, lo cual en su momento podría requerir nuevamente la intervención del TC.Al parecer, lo que hay detrás de todo esto es más que un esquema distractivo para que los electores puneños no reparen en la ineficiencia de su gobierno regional, algunas de cuyas principales autoridades han sido objeto de graves denuncias judiciales.Y es que, aparte de las simpatías y vínculos y de Fuentes con el proyecto intervencionista del autoritario Hugo Chávez, es público que el presidente regional puneño promueve una agenda desestabilizadora del sistema democrático, como lo demuestran sus iniciativas sediciosas orientadas a arrogarse el ejercicio de poderes que no le corresponden. Todo ello debe poner en alerta no solo al TC sino a los procuradores del Estado y al Ministerio Público para actuar de oficio y eventualmente presentar las denuncias correspondientes en defensa del Estado de derecho unitario y del ordenamiento constitucional vigente.