Fiscal adjunto dice que congresistas no tienen facultad para nombrar personal. Procurador Ubillús dice que desaforada legisladora es la única responsable "Los congresistas únicamente proponen, es decir, escogen a quién quiere que se nombre. Pero es la gerencia de Recursos Humanos la que finalmente nombra. En consecuencia, no encontramos nombramiento ilegal alguno en este hecho". Con este argumento, el fiscal adjunto supremo Tomás Gálvez Villegas considera que la actuación de la desaforada parlamentaria Elsa Canchaya no constituye delito y, por consiguiente, no existe responsabilidad penal por haber contratado a su empleada del hogar como asesora parlamentaria, pese a que no contaba con las calificaciones para el puesto. "¿Qué estamos diciendo en el dictamen? Que ella no puede cometer el delito por la sencilla razón de que no tenía facultades para nombrar, y --en efecto-- no nombró", puntualizó, en rechazo a las acusaciones del procurador del Parlamento, Julio Ubillús, quien afirmó que Gálvez ha querido favorecer a Canchaya al declarar fundado su pedido para que tampoco se la acuse por nombramiento ilegal.