El comportamiento del Estado peruano frente a la actitud asumida por el gobierno de Japón, respecto al pedido de extradición de Alberto Fujimori, formalizado en julio de 2003, ha sido no solo diplomático sino que, para algunos, hasta condescendiente.Pero hoy, a casi dos años de obtener por única respuesta el silencio, las autoridades han puesto en marcha el proyecto que apunta a trasladar la demanda hacia la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, en los Países Bajos.Al respecto, el Ministerio Público ha formado la Comisión para los Procesos de Extradición Activos, integrada por el abogado Alonso Peña-Cabrera Freyre y la jurista Sonia Papi. El principal objetivo será plantear las estrategias que determinen que la balanza de La Haya se incline a favor del Perú.