Fuera de cualquier discrepancia entre las cifras de la Defensoría del Pueblo (161) y la Presidencia del Consejo de Ministros (81), lo cierto es que el número de conflictos sociales sigue escalando con respecto a años anteriores.Esto es preocupante y riesgoso, sobre todo porque se amenaza la paz social. Este es un bien mayor que implica garantizar derechos básicos a la libertad y la sana convivencia, y que debería acompañar al desarrollo económico y la consolidación democrática. Lo evidente, contra lo que señalan los voceros del Gobierno, es que se ha hecho poco por afinar los mecanismos de detección, prevención y control de conflictos. Y, como ha pasado antes, se espera que estos estallen para recién acudir a sofocarlos, con una política de bombero probadamente relativa e ineficaz, que hace mucho daño al sistema democrático. En este complejo escenario, son varias las instancias que tienen que asumir responsabilidad. Principal, pero no exclusivamente, el Gobierno Central que solo cuando se producen bloqueos o marchas violentas saca al frente la Unidad de Prevención de Conflictos de la PCM, cuando es evidente que esta no funciona, sea porque no hay voluntad gubernamental o por la carencia de recursos personales, logísticos y coordinativos. A más de ello hay un obsoleto y criticable enfoque centralista, que se expresa, por un lado, en la insistencia del Gobierno Central por controlar todo, y por otro lado, en la costumbre facilista de las autoridades regionales y locales de echarle la culpa de todo a aquel, evadiendo su propia responsabilidad.Como hemos subrayado una y otra vez, no puede descartarse la existencia de políticos oportunistas, que irresponsablemente aprovechan cualquier oportunidad de pescar a río revuelto. Igualmente, existen grupos desestabilizadores, antisistema y radicales ambientalistas que promueven y atizan conflictos, sobre todo en comunidades relacionadas con enclaves mineros. A todos estos grupos hay que identificarlos y denunciarlos.Sin embargo, es evidente que hay muchos otros conflictos latentes que se explican simplemente por la ausencia del Estado, la rampante informalidad y el abierto incumplimiento de la ley por parte de ciertas autoridades o grupos determinados, y que pueden y deben evitarse antes de que estallen en las calles.La política del bombero ya no funciona. Tienen que establecerse con la debida urgencia mecanismos de diálogo, comunicación y coordinación permanente entre el Gobierno Central y los gobiernos regionales y locales, para definir funciones y activar unidades multidisciplinarias que identifiquen, prevengan y acudan a mitigar conflictos y que trimestralmente rindan cuentas de su labor. En todo esto, sin embargo, el Congreso no puede rehuir su responsabilidad de prestar su apoyo, tanto a través de proyectos para avanzar con la descentralización, cuanto para debatir y promulgar otras leyes de desarrollo regional y de responsabilidad social de las empresas, sobre todo las mineras. Cuando la paz social está en peligro, todos debemos reflexionar y poner de nuestra parte para garantizarla. No esperemos más conflictos para recién reaccionar.