El contrabando de combustible en la frontera norte ha cobrado unos ribetes más que preocupantes. Y es que estamos ante la consumación de un delito, cuyo control excede lo policial y judicial, y que exige políticas multisectoriales impulsadas por los gobiernos nacional, regional y local. Es inconcebible - como ha dado a conocer El Comercio- que el contrabando, hoy en manos de ocho clanes familiares, haya infectado prácticamente a todo el departamento de Tumbes; una especie de cárteles de la gasolina y del petróleo que no solo ingresan y transportan el combustible barato del Ecuador al Perú, sino que han logrado construir una infame pirámide de comercializadores informales que venden estos productos libremente en las calles.Esta maraña es culpable del cierre de la mayoría de grifos formales en Tumbes, con lo cual se han institucionalizado prácticas vedadas, como la adulteración y la especulación. Pero lo peor es que también contribuye al aumento de la delincuencia en esta parte del país, donde la presencia del Estado es casi nula.