Hace una semana, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) presentó ante la Defensoría del Pueblo una queja contra las entidades públicas que aún no aplican la Ley del Silencio Administrativo, pero este no es el único caso.En lo que va del año, la institución dirigida por Beatriz Merino ha recibido las quejas de 48 empresas en contra del Estado, por haber incurrido en el supuesto incumplimiento de normas o vulneración de los derechos fundamentales.Así lo informó a Gestión Eliana Revollar, jefa de la Oficina Defensorial de Lima, quien detalló que la mayoría de las 48 demandas acogidas, están dirigidas contra las municipalidades. Por ejemplo, ante la aplicación indebida de multas administrativas."A nosotros nos parece importante cómo el sector empresarial está recurriendo a la Defensoría del Pueblo. No debemos dejar de lado la debilidad que puede tener este sector frente al ejercicio del poder en la administración del Estado", apuntó.
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