A fines de la década del 70 la actividad exportadora del Perú era prácticamente nula. El PBI, luego de dos décadas de expansión, se estancó y los niveles de desempleo se dispararon. El gobierno militar de entonces estaba obligado a buscar nuevas alternativas de crecimiento para calmar las expectativas sociales, que ya empezaban a desbordarse.Es en medio de ese contexto, de profunda crisis, que el 21 de noviembre de 1978 Francisco Morales Bermúdez promulga el Decreto Ley 22342. Un dispositivo con el que, además de otorgar incentivos de carácter temporal para estimular el crecimiento de una actividad aún incipiente, buscaba promover la generación de puestos de trabajo. Lo que hace este decreto es otorgar a los exportadores la posibilidad de adecuar sus necesidades de contratación a los pedidos de compra en el exterior. Es decir, pueden disminuir o aumentar personal en forma temporal e indeterminada, según su producción.El tiempo pasó y todo parece indicar que la norma cumplió su objetivo: las exportaciones no tradicionales, que se sustentan principalmente en los textiles y la agroindustria, han crecido a una tasa promedio anual de 16% y solo en el 2007 lograron superar los US$6.000 millones. No obstante, la ley, que tenía inicialmente un carácter temporal, ya tiene 30 años de vigencia y en ciertos casos está siendo utilizada para cometer excesos contra trabajadores, que buscan sindicalizarse.