Presión más que convicción, fue lo que a juicio de los pobladores de Lima y Callao primó en los congresistas para derogar los decretos legislativos 1015 y 1073, que modifican el sistema de votación para la venta de tierras de las comunidades nativas.Al menos, así lo piensa el 82.4% de los encuestados por el Grupo de Opinión Pública de la Universidad de Lima. Solo un 14.4% estima que no fue así.Este punto de vista puede ligarse a la creciente desaprobación ciudadana sobre la gestión del Parlamento, que llega a 78.5%, que a la vez arrastra a su presidente, Javier Velásquez Quesquén, que recoge el rechazo del 46.2% de los 577 consultados.El mandatario Alan García tampoco la pasa bien, pues su desaprobación está en alza, si la comparamos con la obtenida en julio, que fue de 54.1%, mientras que ahora llegó a 71.6%.
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