El otoronguismo parlamentario todavía ruge. Ayer se incorporó en la agenda del pleno del Congreso el dictamen de la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria que propone archivar --por unanimidad-- una denuncia judicial contra la suspendida legisladora Elsa Canchaya Sánchez, de Unidad Nacional.Lo singular del caso es que el dictamen recomienda que la Oficina de Control de la Magistratura y la fiscal de la Nación investiguen y determinen "responsabilidad funcional" del titular del Séptimo Juzgado Penal de Huancayo, Héctor Villalobos Mendoza, y del fiscal provincial penal de la Séptima Fiscalía Provincial de Huancayo, Rubén Bernardo Rojas, quienes son los denunciantes de Canchaya Sánchez.