Se repite el esquema de indolencia que caracteriza al Estado burocrático: con gran fanfarria se aprobó la llamada ley mypes, llamada a formalizar y revolucionar el sector, pero luego se deja para las calendas griegas la aprobación del reglamento, sin el cual ninguna ley puede ser aplicada.Tal paralizante estado de cosas debe terminar, luego de que se deslinden las responsabilidades respectivas. La ley fue aprobada el 28 de junio por el Ejecutivo, dentro del sistema de delegación de facultades para adecuarnos al TLC. El sector Trabajo ha cumplido con lo que le tocaba, pero los técnicos del MEF han interpretado que se trata solo de contar días útiles para los 60 días de plazo. Tal descoordinación es inaceptable, sobre todo en entidades que cotidianamente tratan temas similares desde hace mucho tiempo. Peor aun, se da la circunstancia de que el sector Trabajo había anunciado que a partir de setiembre se iniciaría el plan de clasificación y formalización de unidades productivas, lo que suponía que la ley estaría en aplicación.La participación del MEF es importante, pues la ley incluye incentivos tributarios para formalizar microempresas (reducción del Impuesto a la Renta) y un subsidio para salud y pensiones. En su mensaje a la nación de 28 de julio el presidente Alan García dijo que esta ley era la reforma más importante emprendida por su gestión en el último año, lo que no parecen haber entendido algunos sectores claves del Gobierno. Es, por tanto, pertinente el llamado a la coherencia y la eficiencia.