Aparentemente sin ninguna razón de peso que respalde la medida, la Agencia Peruana para la Cooperación Internacional (APCI) envió ayer tres peritos al local de la ONG Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y revisó toda la documentación contable referida a los años 2006, 2007 y 2008.La fiscalización a la organización no gubernamental que preside Alberto Pizango, quien lideró la protesta de los nativos de la Amazonía, estaba programada para las 9 de la mañana, pero se inició con una hora de retraso por la tardanza de los peritos Mario Chipana Villena, Rafael Tarazona Jara y Susana Coronado Díaz.Robert Guimaraes, vicepresidente de Aidesep, señaló que la intervención de APCI no es otra cosa que -un acto de venganza y de persecución política- por haber liderado la protesta de las comunidades nativas de la selva contra los decretos legislativos 1015 y 1073, derogados en el Congreso.