Las labores que realiza la socióloga Sofía Macher Batanero como funcionaria pública le han servido a la ONG IDL -que ella integraba- para justificar el millonario financiamiento externo que recibe de sus fuentes cooperantes. Durante 20 meses consecutivos, Macher ejerció como presidenta del Consejo de Reparaciones para las víctimas de la violencia política en nuestro país y, en forma paralela, también como integrante del Comité Ejecutivo del IDL mientras su esposo, Hans Landolt, era presidente y mientras dicha ONG recibía más de US$4 millones y medio por acciones estrechamente ligadas a esta función estatal. ¿Es ético o no promover acciones desde el Estado como funcionaria pública y al mismo tiempo ganar prestigio y dinero como integrante de una ONG presidida entonces por su cónyuge?