A fines de julio de este año, la Defensoría del Pueblo consideraba que el rechazo a los decretos legislativos 1015 y 1073 estaba decreciendo entre los pobladores nativos de nuestro país, pero no fue así. Este conflicto social de alcance nacional se agravó hasta alcanzar su clímax el último viernes, cuando el Congreso derogó ambas normas, a pesar de que el presidente de la República, Alan García, había dicho que de producirse tal derogatoria se cometería un "error histórico".Pese a este error de proyección de la defensoría, sus informes sobre conflictos sociales sirven como guía para reconocer que el ambiente social en el país no es precisamente el mejor. Por ejemplo, en el informe de julio último se reconocen 147 conflictos sociales, de los cuales 97 se encuentran activos, mientras que los demás no han sido resueltos, e incluso podrían tomar el camino de la violencia en cualquier momento. Estos 147 conflictos, comparados con los 74 que había en julio del 2007, nos muestran claramente que, a pesar del crecimiento económico que vivimos, hay muchas necesidades no satisfechas, principalmente en el interior del país.(Edición domingo).
- [El Comercio,Pág. A 28] /