Los esfuerzos del gobierno peruano por evitar cumplir el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que se le exige un homenaje público y una indemnización económica a los terroristas que murieron en 1992 -tras una incursión policial en el Penal Castro Castro- cayeron en saco roto luego de que este organismo internacional rechazara su pedido de interpretación. En notificación dirigida al gobierno y que recién fue remitida ayer a la embajada de Perú en Costa Rica en horas de la tarde, la Corte señala que el sentido de la medida de reparación es dar a conocer la verdad de los hechos que fueron conocidos por el Tribunal con el propósito de evitar su repetición en el futuro. En ese sentido y por ser un hecho en el que el Estado reconoce su responsabilidad internacional, la Corte indica que ante el pedido del Estado de modificar el mandato de este organismo, la misma carece de atribuciones para resolver dicho aspecto de la demanda de interpretación, por cuanto no lo permiten los artículos 67 de la Convención, 29.3 y 59 del Reglamento.