La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, reconoció a Sendero Luminoso (SL) como una organización violenta y terrorista, pero también dejó en claro que el mismo Estado Peruano reconoció que durante el régimen del extraditado Alberto Fujimori se ejecutó extrajudicialmente a 41 internos del penal Castro Castro en 1992.La voluminosa resolución, que fue publicada ayer en la web de la Corte de San José, dispuso que el Estado Peruano resuelva "conforme a su derecho interno" el pago de la indemnización a cada uno de los reclusos que fallecieron durante el debelamiento del motín. "La CIDH carece de atribuciones para resolver dicho aspecto", indica el fallo. Este punto, según el procurador antiterrorismo Julio Galindo, es un "gran paso y muy positivo para el Perú".