De comprensiva y flexible calificó la ministra de Justicia, Rosario Fernández, la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dispuso que el Estado Peruano resuelva "conforme a su derecho interno" la forma de indemnización a los terroristas muertos durante el debelamiento del motín del penal Castro castro en 1992.El canciller José Antonio García Belaunde consideró que con los alcances de la interpretación de la sentencia de la Corte el Perú le ha ganado la batalla al terrorismo senderista.