Asombra e indigna el grado de resistencia al cambio de algunos congresistas, que hacen todo lo que está a su alcance para perpetuar la impunidad parlamentaria y proteger a sus pares, en un nefasto espíritu de cuerpo que la sabiduría popular llama otoronguismo.Lo último en todo esto ha sido la férrea oposición de los humalistas Cayo Galindo, Daniel Abugattas, así como de Luis Galarreta (UN) y Édgard Reymundo (BP), para tratar de impedir que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitiera las denuncias contra José Anaya (UPP) y Margarita Sucari (BP) argumentando que el procurador del Congreso no era competente para ello.Y fue solo tras la denuncia periodística y la fuerte presión pública que se rechazó esta absurda postura. Pero, para evitar perder tiempo y cuestionamientos posteriores, fue el mismo presidente del Congreso quien presentó la denuncia ante la citada subcomisión.¿Qué enseñanza podemos sacar de esto? Pues que hay congresistas que no han aprendido la lección y se creen una casta aparte e intocable que debe protegerse a sí misma; y que, por lo tanto, como ciudadanos, tenemos que permanecer alertas para denunciar cualquier maniobra dilatoria que avale la impunidad congresal.No solo eso. Si bien ha quedado claro que el reglamento y la jurisprudencia autorizan al procurador a interponer denuncias constitucionales, debemos invocar a los actuales congresistas a cumplir su compromiso de tomar medidas de fondo y estructurales para mejorar la eficiencia y la imagen del Congreso.En la práctica ello implica lograr consensos para reformas constitucionales cruciales como la renovación por tercios o mitades y el voto facultativo, y la derogación del sistema de voto preferencial. Asimismo, debe modificarse la ley de partidos para profundizar la democracia interna y eliminar el porcentaje de invitados a las listas parlamentarias. Además, debe cambiarse el sistema para proceder a desaforar, en procesos sumarios, a los congresistas que cometen faltas graves de corte delictivo. La situación es crítica. El Congreso cuenta solo con 9% de aprobación, lo que, además de escandaloso, es peligroso, pues deslegitima al poder encargado de dar leyes y fiscalizar, y da municiones a los propulsores del antisistema enemigos de la democracia.Por lo mismo, hoy les corresponde promover con urgencia los cambios mencionados para renovar la institución parlamentaria y reconciliarla con el país.