Si el Gobierno esperaba que su anuncio de condicionar el reinicio de las negociaciones con los nativos de la selva al levantamiento del paro amazónico indefinido sería recibido dócilmente, se equivocó de plano.Por el contrario, este hecho, sumado a la declaración de estado de emergencia por 30 días en las provincias de Bagua y Utcubamba (Amazonas), Datem del Marañón (Loreto) y el distrito de Echarate, en La Convención (Cusco), ha sido considerado como una provocación por los indígenas.Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), fue el primero en advertir que continuarán con sus protestas mientras no se deroguen los decretos legislativos que, a su entender, son lesivos a los intereses de los nativos. "Morir en defensa de nuestro territorio será un honor. No vamos a retroceder. Si el Gobierno viene a matarnos, pues, que nos mate", afirmó desde Yurimaguas.