Hace bien el Gobierno en insistir en un cauteloso retorno al diálogo con las comunidades indígenas amazónicas, representadas por diferentes organizaciones, que desde hace más de una semana acatan un paro en diversas localidades. Sin embargo, con la misma determinación, debe quedar claro que no se puede dialogar bajo la presión, el chantaje de bloqueos de carreteras o la amenaza sobre centros neurálgicos, como la planta de Camisea y el ducto Norperuano. En ese sentido, por un elemental respeto a la autoridad y al interés público, resulta correcta la decisión de supeditar la negociación a la paralización de cualquier medida de fuerza.Los hechos demuestran que cuando los dirigentes legítimos se sientan a la mesa de diálogo, con un interlocutor válido como lo es el ministro del Ambiente, Antonio Brack, se puede llegar a acuerdos y consensos. Y es que el viernes pasado, antes de que las comunidades patearan el tablero, se había arribado precisamente a pactos importantes, como que el Ejecutivo no reglamentaría los decretos legislativos 1015 y 1073 hasta que el Tribunal Constitucional se pronunciara al respecto; que se constituiría una comisión que revisase el resto de decretos para estudiar la modificación de los artículos que pudiesen afectar a las comunidades; entre otros.El problema se produce cuando las comunidades son influidas por terceros, por personajes y organizaciones que actúan como infiltrados para defender no el interés de los grupos indígenas sino agendas políticas radicales que eventualmente tienden al conflicto. Poco se puede conseguir por ese camino, a no ser la desestabilización del país.Por ello, es necesario que los apus amazónicos reaccionen, que abandonen sus posiciones radicales y retornen a la mesa de diálogo para seguir adelante con una acta que, en principio, reconoció que había lugar a demandas. No pueden desestimar lo avanzado en las conversaciones con el ministro del Ambiente.El Gobierno tiene que emplear todos sus esfuerzos para respetar los derechos de los pueblos indígenas, por los canales legales de representación que provee el Estado de derecho, en forma gradual si es necesario, y de manera consensuada. Lo que no puede tolerarse es la injerencia politiquera que cosecha a río revuelto.