EL DESAFIANTE PODER DEL NARCOTRÁFICO
14 de agosto de 2008

Afortunadamente, esta vez la reacción del Poder Judicial fue coherente y oportuna para poner coto a una sombría y corrupta maniobra que favorecía a la familia Sánchez Paredes. Así, la Sala de Derecho Constitucional de la Corte Superior de Lambayeque dejó sin efecto la resolución de un juez suplente que pretendía anular la investigación policial de alcance nacional por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico.La sucia jugada quedó al descubierto a través de un reportaje de nuestra Unidad de Investigación. Vistas las cosas en perspectiva, lo sucedido pone en evidencia la influencia y malas artes del clan norteño, así como el grado de infiltración y corrupción en algunas instancias, que en este caso, según los indicios, involucrarían a un juez suplente y al mismo presidente de la Corte Superior de Lambayeque, Jimmy García.Efectivamente, en julio pasado, el juez suplente Orlando Castillo Castillo, reclutado entre los abogados litigantes de la corte y que ocupó el despacho durante 48 horas, acogió sospechosamente un hábeas corpus y declaró fundada una acción para que cesaran las investigaciones contra la familia norteña. Tras perpetrar esta indebida medida, el juez suplente fue trasladado, con el fin de silenciar el alboroto, a un juzgado de Tumbes.Sin embargo, este letrado es apenas una pieza en el complicado ajedrez. Encima de él, aparece con igual o mayor responsabilidad el presidente de la Corte Superior de Lambayeque, Jimmy García Ruiz, quien escogió a un profesional de la catadura de Castillo Castillo. Más sospechoso aún es que , faltando solo dos días para que reingresara el juez titular, se dispusiera cambiar a quien lo reemplazaba (otro juez titular) por un suplente como Castillo, con dudosos antecedentes, quien se abocó casi exclusivamente a favorecer a los Sánchez Paredes.Saludamos la medida correctora de la Sala de Derecho Constitucional de Lambayeque ante un burdo y sospechoso fallo. Pero las cosas no pueden quedar así, como si nada hubiera pasado. De inmediato, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) debe intervenir para investigar y denunciar a los magistrados involucrados, y proceder a aplicar sanciones ejemplares y eventualmente destituirlos.Nos preguntamos: ¿Es que algunos jueces creen que las cortes son sus parcelas donde pueden hacer y deshacer? ¿Acaso no se dan cuenta de que son un engranaje del Estado de derecho en la lucha contra el narcotráfico y que antes de ellos hay un trabajo duro, valiente y esforzado de procuradores, fiscales y la policía?Es patente la gran capacidad amedrentadora y de infiltración del narcotráfico en las instancias del Estado, como se vio antes en el Caso Zevallos y en otros que involucran a autoridades de la zona selvática. Por todo ello, el caso de Chiclayo es una gran prueba de fuego para el Poder Judicial, que tiene que purgar a quienes corroen su estructura y desvirtúan tan vergonzosamente su función y razón de ser.