Las sucesivas y tramposas contrataciones en los despachos parlamentarios requieren un radical corte. ¿Cuál es? Que a la brevedad posible cada uno de los congresistas deje de manejar el destino laboral del personal de confianza. No queda duda de que la fuente de la inacabable producción de escándalos es esta libérrima licencia para hacer y deshacer los contratos de asesores, técnicos y servidores.Eso debe terminar para dar paso a un sistema que genere equipos de funcionarios que atiendan a los distintos grupos y promuevan una sana línea de carrera y meritocracia. Cada vez que el parlamentario necesite un asesor, podrá recurrir a este equipo adscrito a su bancada, con mayor razón ahora que las leyes se presentan en nombre de la bancada y no a título personal. ¿Quién es realmente el empleador del Congreso? La decisión está en manos de la Mesa Directiva. Si bien resulta saludable que se haya anunciado la fiscalización de sus 1.500 servidores, a cargo de una auditora externa, lo real es que la mala concepción del régimen laboral es la causa del problema. En términos conceptuales, es un pésimo ejemplo que el Estado, como empleador, genere tantos vicios. Peor aún, que los siga produciendo. El D.L. 1057, emitido por el Ejecutivo, ha creado un régimen para los cerca de 80 mil contratados en el Estado (servicios no personales), que en la práctica saca la vuelta a principios laborales, con el fin de pagar menos que el sector privado y la microempresa, y poner las reglas a su favor.