Más vale tarde que nunca. La Mesa Directiva del Congreso dispuso ayer que se verifiquen las condiciones de trabajo de aproximadamente 1.500 empleados --sean contratados o nombrados-- que laboran en el Parlamento, para evitar que se repitan más casos de irregularidades en las contrataciones de personal.En diálogo con El Comercio, el titular de ese poder del Estado, Javier Velásquez Quesquén, señaló que se llevará a cabo una auditoría y que corresponderá a la Oficialía Mayor del Congreso desarrollar las acciones para el cumplimiento de esta decisión multipartidaria "que pretende ordenar la casa".Fuentes parlamentarias refirieron que una empresa auditora ajena al Legislativo se encargaría de determinar si se cumple el reglamento parlamentario interno.Se calcula que se fiscalizarán las condiciones de trabajo de 800 empleados contratados que laboran en los 120 despachos parlamentarios y en las 22 comisiones dictaminadoras, más otro número similar que está en la planilla del Parlamento.