Es una lástima que un procedimiento eficaz de simplificación administrativa, como el que establece la Ley del Silencio Administrativo, no tenga acogida aún en muchas municipalidades del país. Y eso que podría reducir la carga de solicitudes acumuladas en las comunas y al mismo tiempo beneficiar a los ciudadanos.Como se sabe, la norma establece que si una solicitud no es atendida 30 días después de presentada, automáticamente se declara aprobada a favor del solicitante. Así, de lo que se trata es de aprovechar los beneficios de una disposición que busca terminar con la tiranía de aquellos malos burócratas que no cumplen su función de servicio y encarpetan las solicitudes que presentan los ciudadanos, a veces de manera indefinida. Evidentemente, el silencio administrativo no rige para todos los casos, pero sí funciona en situaciones muy puntuales que, sobre todo, las autoridades municipales deberían conocer en detalle. Hoy, como ha comprobado nuestro Diario, muchas comunas de Lima no conocen los alcances de la Ley del Silencio Administrativo, lo cual es una negligencia, una ilegalidad y una irresponsabilidad frente al ciudadano. La situación es grave si se consideran las estadísticas de la Cámara de Comercio de Lima: el 90% de las municipalidades limeñas no ha cumplido con adecuar sus procedimientos a la nueva ley, mientras que en provincias las omisas llegan al 65%.Por ello, es indispensable que las municipalidades no solo cumplan con aplicar esta ley, sino que capaciten al personal a su cargo para que puedan hacer lo mismo sin perjudicar a los solicitantes.Ellos podrían orientar a los ciudadanos para que sepan en qué ocasiones se puede recurrir a este procedimiento. De lo contrario, la mayor penalidad será que no podrán cobrar impuestos por no haber adaptado sus trámites a la Ley de Silencio Administrativo.