Gestión, siguiendo con el caso de la disputa entre los accionistas de la minera San Ignacio de Morococha (Simsa), revela que ahora interviene en este litigio el Poder Judicial.En efecto, el martes último, el 17° Juzgado Civil de Lima concedió la Medida Cautelar Nº 14485-2008 para evitar que se consume la toma del control de por parte de la holding panameña Clarion y el inversionista canadiense Ross Beaty, ordenándosele a la Conasev suspender la celebración de una Junta de Accionistas en la cual, estos dos accionistas que incrementaron su participación al 50.05% sin haber hecho una OPA, se adueñaran del control absoluto de la sociedad, tal como lo denunció el accionista Talingo, poseedor del 22%.La medida ordena la suspensión de los efectos de los más de 850 contratos de "donación" celebrados en diciembre del 2007 entre Clarion y un grupo de igual número de trabajadores de la empresa -quienes habrían sido utilizados maliciosamente-; y también ordena la suspensión provisional de la obligación de la minera Morococha de convertirse a una Sociedad Minera Abierta - S.A.A., hasta que dicha judicatura se pronuncie de manera definitiva respecto a la validez de dichos contratos de donación, manteniéndose dicha compañía como una Sociedad Anónima ordinaria.
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