El próximo contralor general de la República tiene que ser un profesional de biografía intachable e independiente. Para estos efectos, los extremos no sirven: ni aprista ni de oposición. Si nombrar a un militante del Apra sería un escándalo de proporciones y echaría por tierra cualquier compromiso del gobierno actual con la lucha contra la corrupción, también constituiría un absurdo designar a un personaje contrario al régimen --e identificado con cualquiera del archipiélago de partidos y grupos de la oposición-- porque estaríamos convalidando criterios políticos antes que técnicos, en la delicada y compleja labor de control.Frente a este panorama, el presidente de la República está obligado, por respeto a la ciudadanía, a proponer a un peruano independiente y de credenciales impecables en tanto que el Parlamento debe comprender que esta no es una repartija de poder, sino un cargo de máxima especialización y valía.De hecho, la fórmula del profesional imparcial para el máximo órgano de control, por más sensato y prudente que suene, no es parte de nuestra tradición democrática. Desde los tiempos del belaundismo, el cargo de contralor recayó en un militante acciopopulista como Miguel Ángel Cussianovich. Ni hablar de la abdicación de su labor que hicieron Luz Aurea Sáenz en el primer gobierno aprista y Víctor Caso Lay durante el fujimorismo. Del mismo modo, la labor del actual contralor Genaro Matute, cuyas funciones acaban en octubre, siempre estuvo en cuestión porque fue propuesto por su amigo el presidente Alejandro Toledo, con quien trabajó en la antes Escuela de Administración de Negocios para Graduados (ESAN).Para revertir esta lamentable secuencia, es vital una personalidad que mantenga equidistancia tanto frente al Gobierno como a la oposición, con lo cual gozará de credibilidad desde el primer día de sus siete años de gestión. El resto dependerá de la oportunidad con que detecte la corrupción, porque en los últimos tiempos la contraloría suele llegar a destiempo o cuando los hechos están consumados, como el reciente caso de Cenfotur. Por lo pronto, no sería descabellado que el Ejecutivo fuera contratando a una empresa de cazatalentos para que busque a un profesional de grandes méritos y condiciones.