A diferencia de lo que sucedió durante el fujimorato, la ola de protestas, paros y huelgas durante este gobierno ha sido una nefasta constante. Solo en lo que va de este año hubo 64 marchas en Lima que, como ha informado nuestro Diario, amenazan con multiplicarse en los próximos meses, con enormes costos económicos, políticos y sociales. Y es que si bien existe, desde el 2003, una norma que sanciona a quienes atentan contra el libre tránsito de las personas en el territorio nacional, algunas paralizaciones terminan con tomas violentas de locales, bloqueos de carreteras o destrucción de la propiedad pública y privada.En materia de seguridad ciudadana, es escandaloso que en Lima cientos de policías (entre 500 y 3.000, dependiendo de la magnitud de las marchas) deban ocuparse de acompañar a los manifestantes, por lo que tienen que abandonar sus puestos habituales en el control del tránsito o en la vigilancia en zonas críticas de la ciudad.Luego, los daños económicos son ingentes. Aunque no se tiene una cifra actual y precisa, puede servir como referencia el hecho de que los bloqueos en Bolivia están originando una baja del 10% en las exportaciones. En el Perú, en el año 2003 hubo 53 paralizaciones, que significaron más de 854 mil horas/hombre perdidas. Y el año pasado aumentó el número de huelgas a 97.A ello habría que sumar las consecuencias inhumanas que generan ciertas huelgas, como la del sector Salud, un servicio público fundamental dedicado a los pacientes de los hospitales y postas. En once días de huelga se ha dejado de hacer 4.000 atenciones médicas y se imputa a ello la pérdida de por lo menos una vida en Lima, lo que es un cargo muy grave.¿Dónde queda la vocación de servicio y defensa de la vida que juraron defender los médicos, más allá o más acá de sus reivindicaciones sociales? En el caso de Lima, el concejo metropolitano, rescatando el principio de autoridad mellado por cúpulas sindicales extremistas, restringió el ingreso de manifestantes al Centro Histórico. Pero aun así, en el 2002 hubo 1.446 marchas y el año pasado unas 467.Cabría preguntarse: ¿Quién esconde la mano detrás de estas manifestaciones de fuerza desestabilizadoras? La respuesta comprende un abanico que va desde el radical Partido Comunista-Patria Roja, que el año pasado reconoció manejar por lo menos a unos 15 grupos protagonistas de las marchas, hasta otros movimientos que se autodenominan defensores de la democracia, liderados por algunos conocidos dirigentes apristas, entre otros.Como hemos reiterado aquí mismo, nadie pone en tela de juicio el derecho al pataleo y a la protesta, protegidos por el orden constitucional.Pero lo que sí es criticable y hasta execrable es el modo violento en que a veces se realizan las protestas, afectando el derecho a circular y trabajar de los demás, y causando serios daños a terceros inocentes que no tienen nada que ver con el problema. Sufre la economía, sufren los conductores y pasajeros que no pueden llegar a su destino, sufren los usuarios de servicios públicos. ¿Quién responde por los millones de horas-hombre perdidos o por una vida que se pone en extremo riesgo por falta de oportuna atención médica? Hay, pues, que diferenciar entre las reivindicaciones, que pueden ser legítimas, y la manera y la oportunidad en que se pretenden hacer valer ante las autoridades. Cualquier pedido se desvirtúa cuando se atenta contra la tranquilidad pública, la salud y la seguridad de los otros, lo que da lugar a suspicacias en torno de las reales motivaciones de ciertas dirigencias que tienen que asumir responsabilidad por sus actos. Los derechos de uno terminan donde comienzan los de los demás.(Edición domingo).
- [El Comercio,pág. A 4] /