La inversión pública no está en los planes de recorte del Ejecutivo porque disminuiría el impulso que viene dado al empleo. Y las inversiones en infraestructura ya iniciadas (por ejemplo las carreteras transoceánicas o los programas de electrificación rural, o de agua y desagüe) serían difíciles de detener por tratarse de obras ya contratadas con el sector privado.En cuanto al gasto corriente, es conocida la rigidez a la baja que lo caracteriza, sobre todo en lo que se refiere a remuneraciones (que está creciendo en 2.8%) y pensiones (-1.8%). Por tanto, el ajuste se haría en el rubro Bienes y Servicios, el cual viene creciendo en 6.8% en términos reales (6.4% según el MEF). Es decir (a diferencia de los otros dos componentes del gasto corriente), por encima del límite anual (4%) que establece la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal (LRTF) para del gasto de consumo del gobierno central.Precisamente por ello -según fuentes del sector-, sería a este rubro (que representa alrededor del 33% del gasto en consumo y el 22% del gasto no financiero total del gobierno central) al que le habría puesto la puntería el MEF dejando sin tocar la inversión pública (que representa el 9.3% del gasto no financiero total del gobierno central).De esta manera, en el MEF habrían encontrado una solución ´salomónica´ entre la necesidad de contraer el gasto y la renuencia del presidente García y algunos ministros a disminuir la inversión pública.
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